jueves, 19 de marzo de 2015

Especialización sectorial de los municipios del estado de Colima


La competitividad empresarial es fundamental para el crecimiento económico. No obstante, lograr empresas competitivas exige sinergias entre distintos factores, tanto internos como externos a la unidad económica, que obliga hacer diversos estudios de análisis regional.

En este sentido, en estas líneas se hablará sobre uno de los factores externos importantes para la competitividad empresarial: la especialización sectorial de los municipios. Dicho concepto, como su nombre lo indica, hace referencia a la distinción municipal, en función de las actividades económicas que predominan en cada localidad.

La especialización sectorial, entonces, se vuelve relevante para la competitividad empresarial, pues en la medida que se establezca la especialidad de actividad económica en cada municipio, el Gobierno estará en condiciones de poder estructurar  políticas de apoyo empresarial que impulsen la generación de cadenas productivas de valor, así como de redes y clusters, que mejoren el entorno laboral y de negocios de las empresas locales, coadyuvando al crecimiento y desarrollo económico de la región.

Así, una buena metodología para hacer operativo el concepto de especialización sectorial, es mediante el cálculo de los llamados coeficientes de localización municipal. Estos coeficientes muestran la relación entre la participación de la actividad económica en el municipio, con respecto a la misma actividad pero a nivel estatal.

En este sentido, cuando el coeficiente de localización es menor (o igual) a 1, el tamaño relativo de la actividad económica analizada en el municipio es menor (o idéntico) al tamaño relativo de la misma actividad pero a nivel estatal, por tanto, no hay especialización en esta actividad por parte del municipio. Por el contrario, si el coeficiente es mayor a 1, entonces se trata de una especialización municipal en la actividad económica referida.

Para iniciar el análisis con la economía del estado de Colima, primero se hace mención de los siguientes hechos estilizados, característicos de la estructura empresarial de la Entidad:

·    Para 2014, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas reportó un total de 31,614 empresas, de las cuales 97% es Microempresa.
       De 2009 a 2014, el número de Unidades Económicas se incrementó en un 4.3%, según el INEGI.
·     Cuatro municipios concentran el 86% de todas las unidades económicas (Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán).
·         Armería, Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc concentran el 12%. Minatitlán e Ixtlahuacán apenas el 2%.

Ahora bien, para el cálculo del coeficiente de localización, se utiliza el valor agregado censal bruto como el indicador relevante obtenido por el Censo Económico 2009. Así, después de la sistematización de los coeficientes se puede mencionar que los municipios especialistas en actividades del sector primario son Manzanillo (3.518), explicado por la pesca, así como Armería (2.107), Ixtlahuacán (1.915) y Coquimatlán (1.779), especializaciones generadas por la siembra de melón, plátano, limón, papaya, entre otros.

En el sector minero el municipio especialista, y por alto margen, es Minatitlán (12.161), seguido por Cuauhtémoc (10.984) e Ixtlahuacán (6.616), explicado por la participación en el proceso de hierro que se extrae de las minas del sur del estado de  Jalisco. La industria manufacturera se encuentra localizada en el municipio de Tecomán (4.655), impulsado por el subsector agroindustrial.

Respecto al sector servicios, los municipios principales son Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez. Por ejemplo, el comercio al por mayor se ubica en gran medida en Manzanillo (1.212) y Villa de Álvarez (1.076). Transporte en el municipio de Manzanillo (3.715). Medios masivos en el municipio capital, Colima (1.28).

Para complementar el estudio, ahora se hace referencia a los coeficientes de especialización generales de cada municipio, con el objeto de poder observar en un mapa regional, los resultados arrojados en párrafos anteriores. Para lo cual se necesita convertir los coeficientes de cada actividad económica municipal, en un solo indicador por municipio.

La diferencia principal entre el coeficiente de localización y el coeficiente de especialización es que éste último sólo presenta valores entre 0 y 1, fungiendo entonces como una proporción, es decir, como una comparación porcentual entre el municipio y el estado, en función de su especialización, o en función de la diferenciación del municipio respecto al estado.

Por tanto, en la medida que el coeficiente se acerque a 0, se interpreta como un menor grado de especialización del municipio, pues el parecido de la estructura del municipio, respecto al del Estado, sería similar. Por tanto, mientras más se alejen los valores de 0, es más distante el parecido. Entonces, en la medida que el coeficiente se aproxime a 1, habría una mayor especialización en el municipio.

En este sentido, procesando el coeficiente de especialización, se observa que aquellos municipios que presentan mayor especialización son Coquimatlán, Minatitlán, Ixtlahuacán y Cuauhtémoc, es decir, municipios dedicados principalmente a la agricultura y minería. Estos mismos municipios, por tanto, presentan también menor similitud al resto del estado, pues su grado de especialización en el sector primario es bastante alto.

En contraste, el municipio con menor grado de especialización, o de mayor similitud con el estado, es la capital Colima, seguido por Armería, Manzanillo y Comala. Por su parte, Villa de Álvarez y Tecomán, presentan una especialización intermedia.

Con esto, se puede afirmar como primer punto, que la política de apoyo empresarial del estado debe ser diferenciada para cada municipio. Por un lado, el apoyo al sector primario (agropecuario y minero) debe focalizarse en los municipios de Coquimatlán e Ixtlahuacán. No obstante, dadas las condiciones del estado, la generación de redes para este sector en particular debe abarcar a los municipios de Tecomán y Villa de Álvarez (para algunos productos), pero sobre todo, debe estructurarse con empresas foráneas a la entidad, pues son actividades económicas donde el resto de los municipios tienen poca especialización.

Respecto al sector secundario, específicamente, en la actividad agroindustrial, el apoyo de gobierno debe estar enfocado en el municipio de Tecomán. Esta localidad debe fungir como eje central del estado en la estructuración de la cadena productiva de dicha actividad. Cadena que puede apoyarse fuertemente con el municipio de Manzanillo por su especialización en transporte.

Finalmente, el municipio de Colima está altamente especializado en el sector servicios, por tanto, la política de apoyo empresarial en esta actividad debe dirigirse desde la capital del estado, apoyado por el sector empresarial de Armería, Manzanillo y Comala.

A manera de conclusión, resta mencionar que conocer la actividad económica en la que se especializan los municipios, es uno de los elementos indispensables para planear y ejecutar la política de apoyo empresarial. Dicha política debe estar en función de las vocaciones económicas locales, pues ello facilita la generación de clusters y asociaciones estratégicas, que impulse la competitividad empresarial del estado de Colima.

sábado, 6 de diciembre de 2014

Importancia de los municipios para el desarrollo del país

A lo largo de la teoría de desarrollo económico han surgido distintos enfoques que intentan establecer los mecanismos de desenvolvimiento regional. Una de estas tendencias son aquellas corrientes que hablan de la importancia que tienen los sistemas productivos locales.

Giacomo Becattini y Antonio Vázquez Barquero han sido los autores encargados de revivir la importancia de los procesos de producción local, no solo como alternativa de organización empresarial frente a las grandes producciones en serie y estandarizadas de las grandes empresas multinacionales, sino también, como una forma viable y eficiente de alcanzar el desarrollo económico.

Becattini, mediante la explicación de los surgimientos y desarrollo de los llamados Distritos Industriales Marshallianos, en un contexto de postguerra, expone cómo la base desarrollo local en comunidades de Italia se logró a través de la conformación de estructuras productivas a partir de aglomeraciones de pequeñas empresas artesanales, talleres, trabajo domiciliario, producción familiar etc. que conjugadas con relaciones de intercambio emanadas sobre todo por una “moralidad comercial” representadas en conceptos de confianza y cooperación, se alcanzó consolidar un desarrollo local impulsado por la propias características de cada localidad y por demandas de productos diferenciados y personalizados.

Vázquez Barquero, por su parte, retomando también características intrínsecas del individuo como la calidad de sus valores y conocimientos, pondera a su vez características propias del territorio en función de su capacidad para promover el desarrollo diversificado a partir de sus propios recursos. Combinaciones entre las características del individuo y del territorio conforman instituciones y sistemas productivos locales generadoras de acumulación de capital e innovaciones ancladas a las condiciones del propio espacio local.

Así, es a partir de estas dos ideas como se consolida la visión del desarrollo endógeno, entendida como la capacidad del territorio para ahorrar e invertir los beneficios generados por su actividad productiva en el propio territorio y promover el desarrollo diversificado de la economía con base en sistemas productivos locales que reúnan un conjunto de factores, que permitan a las economías locales  y regionales emprender vías diferenciadas de crecimiento. Es en este contexto donde las políticas industriales regionales tienen gran importancia.

Entonces, básicamente se puede afirmar que es en función de la eficiencia de las ciudades y las particularidades de la cultura y comportamiento de la sociedad local como se pueden consolidar los sistemas productivos locales, impulsados por estrategias de políticas industriales diferenciadas en cada región. Ahora bien, tratando de hacer un ejercicio metódico para llevar todas estas ideas de desarrollo endógeno al contexto de México y a su aplicación en cada una de las regiones de la república mexicana, considero que es indispensable identificar los cuellos de botella que podría tener la economía mexicana para consolidar en la práctica cada uno de los estatutos y premisas que trae consigo la teoría del desarrollo endógeno.

En este sentido, uno de los obstáculos que identifico es la capacidad institucional del Gobierno. La teoría del desarrollo endógeno establece fuertemente la importancia de políticas públicas de desarrollo regionales, estructuradas de abajo hacia arriba, para la generación de ciudades eficientes y estrategias de desenvolvimiento diferenciadas en cada región, según sus propias características. Sin embargo, si se desea consolidar ciudades eficientes y políticas industriales de abajo hacia arriba, entonces, la estructura constitucional y jurisdiccional de México dicta que se debe girar la vista a los gobiernos municipales. Institucionalmente éstos son los encargados de la planificación urbana y de la prestación de servicios públicos urbanos en cada una de las ciudades. Por tanto, en México, la eficiencia de las ciudades depende de los gobiernos locales.

Hablar de gobiernos municipales es visualizar un nivel de régimen totalmente heterogéneo y diversificado. No obstante el municipio toma mayor importancia en el desarrollo del país en esta visión del desarrollo endógeno, en función del grado de competitividad a la que logran desarrollar sus ciudades. Hoy en día los inversionistas canalizan su capital e inversión a partir de aspectos de mercado, estrategias empresariales y ventajas competitivas del territorio. Y en este escenario, el gobierno federal, constitucionalmente, es sólo un espectador más.

A tal grado que considero, inclusive, que el rezago de los gobiernos municipales, entre otros factores, es un determinante importante y explicativo de que México crezca a un nivel mucho menor que otros países. Economías desarrolladas consolidaron gobiernos de aproximidad fuertes y eficientes, que son en gran medida, causas del desarrollo sostenido que han presentado estas naciones. Francia e Inglaterra son ejemplos positivos, desde mi punto de vista, de que la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales son aspectos fundamentales para el desarrollo endógeno.

México tiene aproximadamente 2,400 gobiernos municipales, no obstante Francia, con una extensión territorial aproximada al estado de Chihuahua, tiene 36,000 gobiernos locales (comunas) los cuales tienen una alta cultura de asociación y cooperación para casi todos los servicios básicos de las ciudades. En México resultaría hoy en día poco menos que imposible generar una descentralización así debido a las trabas institucionales y limitaciones en estructura. Lograr políticas económicas estructuras de abajo hacia arriba y políticas industriales regionales eficientes exige un poder institucional y planes de largo plazo ordenados y efectivos. No obstante, no existe en México condiciones políticas e institucionales para que los planes municipales a largo plazo sean efectivos.

Las administraciones de los ayuntamientos son muy cortas y la ley no permite a los presidentes municipales comprometer los recursos de sus municipios fuera de su tiempo de administración ¿Así cómo se pueden efectuar políticas industriales locales de largo plazo con infraestructura importante emanadas de abajo hacia arriba? Lo anterior sin considerar aún la heterogeneidad en gobierno locales en función de las diferencias de equipamiento y de capital humano que tiene cada uno de éstos.

Ahora bien, esta heterogeneidad puede contrarrestarse si existieran acuerdos intermunicipales para el ofrecimiento de servicios públicos compartidos. Sin embargo, no hay una cultura de asociación municipal, pues existen muy pocos gobiernos metropolitanos intermunicipales. Sin acuerdos entre gobiernos municipales y estatales ¿cómo emprender políticas económicas regionales?

Como punto de partida para salir de este entramado político-económico considero dos aspectos importantes: acción pública y desarrollo de las superestructuras. Acción pública entendida como la vinculación del gobierno con la sociedad (entre ésta, los empresarios) para responder a los problemas de las ciudades. Es claro que el gobierno municipal no puede solo, entonces la participación ciudadana con base en la conformación de redes de actores (ciudadanos, empresarios, y servidores públicos), puede ser un inicio de cooperación eficiente que poco a poco mejore la competitividad del territorio.

Generar redes de actores o acción pública no es fácil y no se logra en el corto plazo. No obstante una vez consolidada, ésta no depende de los cambios de gobierno ni de la estructura constitucional; entonces, se estaría en condiciones de planificar a mediano y largo plazo. Ahora bien, en el mediano plazo, considero que dicha red de actores debe evolucionar a una figura institucional anidada en los institutos municipales de planeación, que desde mi punto de vista, puede ser un mecanismo para generar y estructurar política pública local de largo plazo que no esté en función de cambios de administraciones o alternancia política. El objetivo sería que dichas organizaciones ciudadanas se consoliden a tal grado que los costos políticos de hacerlos a un lado o quitarlos por parte de las administraciones municipales vigentes, sea alto.

En esta línea, no se puede lograr todo lo anterior expuesto si no existe una modificación y una transformación en las llamadas superestructuras, en la visión de Marx. Es necesario que la sociedad, tal como lo postuló también en su obra Vázquez Barquero, esté abierta a cambiar todas aquellas actitudes que limiten la cooperación para alcanzar el desarrollo endógeno. Y ello se logra institucionalizando cultura organizacional y emprendedora a partir de mejoras en la educación. Al final de cuentas, las instituciones son hechas y manejadas por los ciudadanos, por las personas. Entonces se debe trabajar con el individuo para lograr una transformación institucional. Una premisa de la corriente neoinstitucional expuesta en la obra de Douglass C. North dice que, la diferencia entre un país desarrollado y uno subdesarrollado está en la calidad de sus instituciones.

Acumulación de capital, inversión en investigación y desarrollo, difusión de innovaciones, consolidación de distritos industriales, sistemas productivos locales competitivos, ciudades eficientes y factores territoriales, son conceptos que la teoría económica establece como las claves de desarrollo económico, en sus diversas perspectivas. Debe pensarse entonces como conjugar y hacer operativo cada uno de los conceptos antes señalados dentro de las características institucionales de cada país.

viernes, 11 de mayo de 2012

Reparto de culpas

"Cuando escuchaba la palabra “federalismo” inmediatamente mi mente se trasladaba a un libro “x”, y pensaba que este tema sólo era teoría. ¡Qué equivocado estaba!"

En estos tiempos de campañas electorales, he visto la costumbre de los distintos niveles gobiernos en repartir culpas de los grandes problemas que aquejan a nuestro país a otras dependencias o niveles de gobierno. Ejemplo, en problemas de educación, salud y seguridad, el Gobierno Federal acusa a los Gobiernos Locales de falta de eficiencia en escuelas, hospitales y policías. Por su parte, los Gobiernos Locales aseguran que es responsabilidad del Gobierno Federal la situación que impera en estas materias. ¿Quién tiene la razón?

La verdad es que, hoy en día, resulta imposible salir de este círculo vicioso, máxime si estamos en tiempos electorales. Pero parte fundamental para que este escenario reine es la falta de información por parte de los ciudadanos. Si la ciudadanía estuviera enterada de las funciones que tiene el gobierno federal, estatal y municipal, sería totalmente improductivo montar este juego y reparto de responsabilidades por parte de servidores públicos. El problema está, precisamente, en la carencia de esta información y sobre todo, que los servidores públicos más allá de preocuparse por explicar las obligaciones de cada gobierno, sólo se empeñan por ganar este juego, sin importar el uso de un sin fin de mentiras, apostando a la desinformación y calumnias.

Si en verdad deseamos salir de este escenario de reparto de culpas, pero sobre todo, de este escenario de estancamiento en materia de educación, salud, seguridad, y todo los necesario para lograr un desarrollo económico sostenido, es importante explicar, primeramente, cómo está constituido nuestro modelo del federalismo mexicano, cómo surgió y cómo evolucionó, pues considero que es de aquí, donde se deriva todo el problema. ¿Por qué lo pienso así?

Porque el federalismo, per se, supone entidades políticamente autónomos, con gobiernos también autónomos (y es por ello que se da pie a este reparto de responsabilidades del que hablamos) que de trabajar y funcionar adecuadamente, nunca se daría oportunidad a este problema que ahora vemos de reparto de culpas.

Lo que sucede es que nuestro federalismo no funciona. Un verdadero federalismo emana porque las “partes” buscan la unidad para el desarrollo de acuerdos y ayuda mutua. Empero, el federalismo mexicano comenzó al contrario: La “unidad” (el gobierno centralista de la época del siglo XIX) creó las partes debido a dificultades de gobernanza (en grandes espacios de territorio como el de México, con culturas y características distintas en cada zona del país, resulta imposible gobernar eficientemente desde el centro). De aquí el primer problema: En un verdadero federalismo, los Estados deben delegar funciones y facultades al poder federal; sin embargo, en México, fue el Gobierno Federal quien anteriormente delegaba funciones a los gobiernos estatales, bajo la vestimenta del poder legislativo, que al final del día, sólo obedecía al presidente.

Ahora bien, todo sistema federalista se debe surgir de tres apartados:
1. Unión de Estados
2. Autogobierno
3. Distribución de competencias.

¿Cómo surgió el federalismo en México? El federalismo mexicano inició su función (gestándose en 1857) puramente por presiones políticas en las distintas regiones que integran nuestro territorio, y no como una estrategia de desarrollo de país. A tal grado que, en su inicio, el federalismo mexicano se disfrazó de “Gobiernos Autónomos Estatales” que realmente no eran sino delegaciones del Gobierno Federal (únicamente para calmar represiones en las regiones respecto al gobierno central de aquellos tiempos). Con una carencia de democracia total.

Por ello, antes de 1989, se pensaba que el federalismo mexicano no funcionaba porque no existía democracia (los Gobiernos Locales trabajaban para el presidente y no para los ciudadanos). Pero años más tarde la democracia llegó (dicho sea de paso, las primeras alternancias se gestaron en Gobiernos Locales) y ahora los Gobiernos Locales ya no trabajan para el presidente ni necesariamente están en sintonía política con el Gobierno Federal, y aún así, el federalismo mexicano continua siendo ineficaz. ¿Por qué?

El problema fundamental es que nunca ha existido un acuerdo para el federalismo mexicano, un consenso para determinar precisamente el punto tres de la lista anterior: el régimen de competencias, vamos, las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

El régimen que ahora impera, se fue gestando por políticas coyunturales, por una línea histórica accidentada. El régimen de competencias se ha hecho en función de clientelismo político y no estratégico en busca de gobiernos eficientes; lo que resulta una dinámica política improductiva y populista. Hoy existe el problema generalizado de que todos los niveles de gobierno hacen de todo y nadie se hace responsable de nada. ¿Como llegamos a esto?

Todo lo anterior es causa de la evolución del modelo mexicano. Si la forma en cómo inició y se gestó el federalismo mexicano fue equivocado, su evolución ha sido pésimo. La falta de claridad de competencias es causa del mal federalismo que tenemos.

México pasó de tener un federalismo dual: donde una norma, facultad o competencia que tenía el gobierno federal, no podía tenerlo otro nivel de gobierno; a un federalismo operativo: donde se le otorga facultades concurrentes a todos los niveles de gobierno. Gracias a las reformas de nuestra constitución, ahora a excepción de las relaciones exteriores y uso del ejercito, todo lo demás es concurrente (seguridad pública, cultura, educación, medio ambiente, vivienda, salud, deporte, programas sociales, etc.)

Estas normas concurrentes, intrínsecamente no son malas, el problema está que no han sido adecuadamente comprendidas por los servidores públicos y además, institucionalmente aún presentan muchas lagunas.

El federalismo ha evolucionado hacia un modelo simétrico, es decir, todas las entidades federativas tienen las mismas facultades (sin importar que se encuentre ubicado en el norte, centro, sur, occidente, costa, frontera, con “x” o “y” estructura social, económica etc.). Y por su parte, los municipios (entre ellos) también tienen responsabilidades por igual. Constitucionalmente los gobiernos locales son iguales. Suena bien, pero no es práctico.

El problema se hace palpable cuando los estados no tienen la misma capacidad financiera o en infraestructura para ofrecer servicios y hacer frente a sus responsabilidades por igual. ¿Cuál es la solución?

La solución debe ser El Federalismo Asimétrico. Un federalismo asimétrico se gestará cuando se establezcan promedios mínimos de calidad en la oferta de servicios públicos. Si dichos servicios estatales están por debajo del estándar de calidad, entonces es cuando debe entrar la federación para prestar estos mismos servicios a la ciudadanía. Y es un sistema que debe imperar en todos los ámbitos: educación, seguridad, salud, ambiental, etc.

Sin embargo, lo anterior obliga a emprender un cambio institucional en el régimen de competencias para cada tema público (educación, seguridad, salud, ambiental, etc.), pero ahora desde esta perspectiva de federalismo asimétrico.

Por supuesto que cada tema tiene sus propias características y por ello es que en la siguiente entrega comenzaremos por el régimen de competencias en materia de educación, contestando básicamente lo siguiente:

¿Cuál es la responsabilidad del gobierno federal, estatal y municipal en materia de educación?
¿Qué se puede hacer para mejorarla?

jueves, 17 de febrero de 2011

¿Hacia dónde debe ir la Reforma Monetaria en México?

A partir de que se estableció la intervención del gobierno como una estrategia para impulsar la economía de un país, doctrina inducida por Keynes desde los años treinta del siglo pasado, se ha considerado a la política monetaria, junto a la política fiscal, las principales vías de intervención gubernamental para el logro del crecimiento económico largo y sostenido.

Empero, hoy en día, aún no se logra un consenso (entre organizaciones, académicos, policy makers, etc.) para determinar los mejores objetivos y óptimas funciones que debe tener la política monetaria dentro de la estructura económica en un país para alcanzar el crecimiento económico deseado; y el debate surge de la cuestión de si esta política debe intentar la consecución de objetivos múltiples y complejos o debe orientarse, exclusivamente, a preservar el valor del dinero, es decir, a lograr la estabilidad de precios (Fernández, 2006).

En este sentido, México, ante la propuesta de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la adopción del enfoque teórico híbrido neoclásico/neoliberal, a partir de la aceptación del régimen de libre flotación cambiaria, pero sobre todo, por consecuencia de la crisis de balanza de pagos de 1994-1995, el tipo de cambio dejó de funcionar como el instrumento de política que coordinaba las expectativas de inflación alrededor de los objetivos de la autoridad, asumiendo la política monetaria el papel que, en términos técnicos, se conoce como ancla nominal de la economía u objetivos de inflación explícita (Banxico, 2011).

Dicho enfoque se puede definir como una vía para aplicar la política monetaria en el que las decisiones están guidas por las expectativas de la inflación futura en relación con el valor anunciado o deseado para la economía (Fernández, 2006).

Sin embargo, como se indicó al principio, todavía no existe una opinión generalizada que apoye a este mecanismo de política como la idónea para el logro del crecimiento económico vía la estabilidad del poder adquisitivo y, ante los reiterativos desequilibrios o vamos, crisis económicas y sociales que México ha sufrido en los últimos años, dicho debate no sólo se ha fortalecido, inclusive, considero que es necesario que se discuta, pues es incuestionable que, primero, los objetivos de crecimiento económico postulados en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de los periodos de gobiernos neoliberales no se han cumplido y, segundo, esto ha sucedido a pesar de una estabilidad inflacionaria, ya que a lo largo de 17 años (1994-2010) la tasa de inflación anual ha estado en un promedio de 11 por ciento (a pesar de las reiteradas crisis), y a partir del año 2000 la inflación ha sido de un dígito.

Por ello, se ha cuestionado fuertemente el esquema de política monetaria que sigue Banxico, es decir, el objetivo de inflación explícito, pues si bien, en términos generales la institución ha logrado una cierta estabilidad de poder adquisitivo en el largo plazo, ésta no ha sido suficiente para generar las condiciones necesarias o elementales en el entendido de alcanzar el crecimiento económico; fin último de toda política económica.

Una conclusión errada sería aquella la cual adjudique el no logro de los objetivos en materia de crecimiento económico a otras políticas ineficientes, llámese fiscal, laboral, etc., considerando que los objetivos de política monetaria sí se han cumplido por lo menos, de manera general. Sin embargo, antes de afirmar lo escrito renglón arriba, deberíamos preguntarnos ¿A costa de qué se halogrado el objetivo de política monetaria?, para verdaderamente, tener una opinión objetiva y fundamentada al respecto.

Observando a detalle el funcionamiento de Banxico, no es difícil determinar que la política monetaria opera a través del control o manipulación de tres variables: tasa de cambio nominal, tasa de interés y tasa de salario. El problema radica en que Banxico sólo está atento a los equilibrios de estas variables, es decir, a sus propios equilibrios del balance público, balanza de pagos y el saldo con los bancos comerciales y no está abierto a considerar los desequilibrios de los agentes privados, por ejemplo, el desempleo, créditos de empresas o a empresas vencidos etc. (Ortiz, 2007). Dicho argumento hizo que el investigador economista Etelberto Ortiz nombrará a Banxico como el “subastador tiránico”.

De esta forma Etelberto Ortiz afirma que ante una economía flexible, el sector real, vamos, las empresas están en un constante juego de desequilibrio monetario, financiero, el cual lo enfrentan de tres maneras: ajuste de precios; a través de sus estrategias de inversión (afectando la capacidad de producción y por ende, de competitividad) o; acumulación de deuda, de tal forma que el esquema estructural de política monetaria en lugar de promover el crecimiento económico vía el incremento de inversión, exportación, producción o inclusive el mercado de capitales etc., (las cuales son las variables que se ven favorecidas ante una supuesta estabilidad macroeconómica, vamos inflacionaria principalmente), termina por descansar en la acumulación de deuda externa, debido a que el banco central genera impactos contradictorios en los sectores real y financiero de la economía (Ortiz, 2007)

Analizando el mecanismo de transmisión que sigue Banxico para manipular la tasa de inflación, se puede apreciar que en todo momento deja de lado los efectos directos que genera la política monetaria a las empresas. El mismo Banxico lo explica así: “En general, los bancos centrales conducen su política monetaria afectando las condiciones bajo las cuales satisfacen las necesidades de liquidez en la economía, lo que podría definirse como la primera etapa del mecanismo de transmisión. Esto se lleva a cabo a través de las condiciones bajo las cuales la autoridad monetaria proporciona dicha liquidez a los participantes en el mercado de dinero, ya sea mediante modificaciones en algunos rubros del balance del banco central o con algunas medidas que influyan de manera más directa sobre las tasas de interés… Los principales elementos de la segunda etapa del mecanismo de transmisión se pueden dividir para su explicación en cuatro canales a través de los cuales la tasa de interés de corto plazo puede influir sobre la demanda y oferta agregada y posteriormente los precios.” (Banxico, 2011).

Es decir, si bien el mecanismo de transmisión está diseñado, en un sentido, para afectar la demanda agregada y oferta agregada y así, los precios; en el afán de “cuidar” los equilibrios propios de Banxico, al banco central no le importa afectar de manera negativa la productividad, competitividad y estabilidad financiera de la iniciativa privada, yendo en detrimento del crecimiento económico del país.

El hecho de establecerse como objetivo una tasa de inflación de máximo un dígito, en reiteradas ocasiones al año, Banxico se ve obligado a implementar una política monetaria restrictiva, aumentando la tasa de interés (apreciando la moneda) o restringiendo el crédito. Ambos mecanismos afectan negativamente a la iniciativa privada y con él al sector obrero de país, a la política de empleo.

La investigadora Nora C. Ampudia Márquez establece que las restricciones crediticias generadas por una política monetaria restrictiva (en la búsqueda del cumplimiento del objetivo inflacionario) y ante la necesidad de las empresas de financiarse por otros medios distintos al sector financiero, se dirigen a establecer “acuerdos” con proveedores (afectando la estabilidad financiera de éstos) pero, sobre todo, hacen "acuerdos" que afectan las condiciones de contratación en el mercado laboral.

Ampudia afirma que “dado el hecho de que el empresario tiene un mayor poder de negociación en el mercado laboral, se imponen nuevos esquemas de contratación laboral que deterioran la calidad del trabajo generando ahorros y economías que compensan la falta de crédito bancario. Así, a través de un canal de financiamiento alternativo… los mecanismos de transmisión de la política monetaria impactan las condiciones laborales y con ella “la calidad del empleo” (Ampudia Márquez, 2007, pág. 100)

Por todo lo anterior, se reafirma la incuestionable necesidad de modificar los objetivos y planteamientos de la política monetaria en nuestro país y esta nueva tendencia de política debe estar dirigida hacia una mayor responsabilidad por parte de Banxico en procurar la estabilidad de la dinámica financiera de las empresas, de la política laboral o, mejor dicho, de la estabilidad y calidad de empleo mediante suaves restricciones de crédito.

La política monetaria debe ser responsable del impulso a las actividades productivas en la industria nacional y el campo, vía una protección monetaria y financiera a estos sectores. Basta de ser los “mejores alumnos” para el FMI y el BID. Las políticas universales “recomendadas” por organismos como los antes citados no resuelven problemas particulares. Las coyunturas son distintas. Las necesidades son distintas. Hay que profesionalizar el trabajo, elevar la inversión y la producción de las empresas nacionales quitándole el “freno de mano” que el Banxico genera en su afán de sólo interesarse por mantener la inflación, y por ende, restringe la masa monetaria. No habrá inflación pese a un incremento de masa monetaria, vamos, de liquidez, si ésta se ve respaldada por incremento de la producción y un mercado interno fuerte (aumento del salario real). El banco central puede estar tranquilo en ese sentido. En otras palabras, Banxico debe “sacrificar” la estabilidad monetaria en el corto plazo, para lograr una estabilidad financiera con crecimiento económico en el largo plazo.

La política monetaria también debe obligar que el sector financiero del país, específicamente, los bancos comerciales coadyuven a canalizar recursos a la inversión productiva. El crédito es un aspecto de relevancia permanente para el desarrollo del sector industrial, y en tiempos de crisis económica es vital.

En este sentido, Ampudia afirma, y a mi parecer, de forma certera, que “la instrumentación de la política monetaria a través básicamente de las operaciones de mercado abierto, vía bonos de regulación monetaria y bonos del sector público, genera para la banca una atractiva posibilidad de rendimiento que puede sustituir al crédito bancario para el sector empresarial… las opciones financieras que los bancos comerciales tienen en el manejo de sus recursos como: bonos de gobierno, incluyendo los antiguos pagarés del Fondo Bancario de protección al ahorro (Fobaproa) y ahora del Instituto para la protección del Ahorro Bancario (IPAB), y los bonos de regulación monetaria permiten a la banca comercial distraer recursos del objetivo de financiar la inversión productiva de las empresas” (Ampudia Márquez, 2007, pág. 136).

En los últimos dos años, es decir, en el pasado periodo de crisis, y ante la difícil situación para toda la economía en su conjunto, el sector bancario le ha dado la espalda al sector industrial, y no sólo eso, sino que la banca comercial aprovecha para sus propios intereses la situación coyuntural, así lo hace ver el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Nayarit: “los bancos son definitivamente las instituciones privadas más beneficiadas con las políticas de rescate que se han aplicado en los últimos sexenios en el país, sus grandes utilidades contrastan con la difícil situación del industrial, sobre todo del micro, pequeño y mediano. Y es precisamente en ésta etapa crítica cuando se vive un desaliento en la inversión, que las instituciones bancarias utilizan todos los medios de cobranza para recuperar cartera. Existen varios casos de empresas en con retrasos en sus pagos de uno a dos meses, empresas a las que los bancos les exigen de ya el pago total y aunque los empresarios responden y abonan, los bancos no aceptan el pago parcial, exigen el pago total del adeudo, esto aunado al cobro de intereses y comisiones convierten a México en un país donde se reportan los bancos con las mayores utilidades a nivel mundial” (Rubio, 2009).

Las políticas anti cíclicas implementadas por Banxico en periodos de crisis económica (por ejemplo, en el año 1995 y 2009) se han dirigido, entre otras, a "rescatar" las instituciones financieras (léase bancos) y, en este sentido cuestiono, ¿Qué hubiese sucedido si en lugar de liquidar deudas de bancos, hubiesen liquidado deudas del sector productivo del país? a priori considero que hubiese sido mejor un mecanismo de transmisión que tomara en cuenta a las empresas pues así, se equilibra el sector privado, su estructura de negocio vuelve a funcionar, logran la estabilidad productiva y con ello la capacidad de pagar deudas a bancos y así, entonces, se salvan también los bancos. Pero “salvando” primero a los bancos, ¿Quién libera las deudas de las empresas?

Banxico debe tomar un papel similar a la Reserva Federal de Estados Unidos, en el entendido que éste sí le da importancia, en su política monetaria, a otros objetivos económicos como por ejemplo objetivos de empleo y crecimiento económico sostenible.

Para finalizar, el banco central de México no debe olvidar la definición de política monetaria: “acción de las autoridades monetarias (que usa para ello instrumentos cuantitativos y cualitativos) dirigida a controlar las variaciones en la cantidad total de dinero (o de crédito), en los tipos de interés, e incluso en el tipo de cambio, con el fin de colaborar con los demás instrumentos de la política económica al control de la inflación, a la reducción del desempleo, a la consecución de una mayor tasa de crecimiento de la renta o producción real y/o a la mejora en el saldo de la balanza de pagos” (Fernández, 2006; p. 365). Plantearse como único objetivo la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, es insuficiente y va en detrimento hacia el logro de un crecimiento económico largo y sostenido.

miércoles, 19 de enero de 2011

¿Por qué y Cómo Transformar al Estado?

Una forma adecuada de comenzar este apartado es mencionando que el primer obstáculo que existe para una óptima transformación del Estado, es el mismo Estado.

Es decir, economista reconocido como Joseph Stiglitz afirma que, es importante considerar las fallas del gobierno para el diseño adecuado de políticas públicas… “los detractores de la intervención del Estado en la economía creen que las fallas del gobierno son lo suficientemente importantes como para que éste se abstenga de intentar corregir las fallas del mercado” (Stiglitz, 1998).Entonces, sin políticas públicas eficientes, vamos con fallas intrínsecas, la política de reforma de Estado, también presentará fallas.

El hecho de que las reformas presenten, intrínsecamente, trabas o fallas radica en que éstas, obviamente, no son neutrales y no se diseñan en el vacío, sino que se abordan desde una perspectiva normativa reflejando los intereses de los grupos dominantes y de los grupos o coaliciones de grupos que controlan al Estado. Las transformaciones del Estado, que según cierta ideología de un grupo político o teoría debe hacerse, afectan os intereses de otros grupos de poder, lo que hace difícil que se ejecuten las reformas de Estado pertinentes.

En este sentido, lo que se puede observar es que, primero, desde los años ochenta se ha estado cierto de la necesidad de una transformación del Estado y que, inclusive, de manera fehaciente se puede afirmar que ésta se ha hecho pero, (y es donde entra el segundo punto) dicha reforma no ha cumplido con las expectativas de desarrollo económico y, por tanto, se debe replantear el rumbo del país. Lo interesante aquí es, cómo determinar el nuevo rumbo del país, pues el debate de por qué se debe transformar al Estado, parece superado (de hecho, es común en el discurso político).

Y no es difícil explicar por qué el debate respecto a la necesidad de una reforma al Estado está superada cuando se conocen niveles macroeconómicos tales como un PIB real anual promedio de apenas 2.88% en las últimas tres décadas; desempleo real entre 5 y 10% de la Población Económicamente Activa (PEA); 50% de la población del país sobreviviendo con algún tipo de pobreza y marginación; un lugar 89 respecto a niveles de corrupción de un total de 180 países; ocupando en el índice de competitividad el lugar 60 de 134 economías y un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.75 alcanzando el lugar 56 de 169 países. El principal problema es que en todos estos indicadores, México ha empeorado en los últimos años.

Una conclusión sencilla, incompleta y por ende errada para justificar los estándares expuestos renglones arriba es mencionando que, debido a que las reformas estructurales iniciadas en los años ochenta se basaron en privatización, apertura y liberación de mercado y financiera, entonces éstas son las culpables de la situación del país (es decir, de las empresas privadas). Sin embargo, debe señalarse que el mayor o menor éxito del desempeño económico, no sólo depende de las transacciones económicas que ocurren en los mercados y en el sector privado, sino también de los bienes y servicios y de la infraestructura que son proporcionados por el Estado.

Sería poco realista suponer que el mercado es el único mecanismo de asignación de recursos en una economía sin advertir que, muy frecuentemente, el mismo desarrollo de los mercados es resultado de una acción estatal deliberada (Musgrave). Es decir, el Estado, a mi entender, es el máximo culpable y a la vez, el mayúsculo agente económico que puede y más allá, debe dar solución a la ineficiencia del país. Comenzando por supuesto por una reforma puntual e integral de la máxima Institución pública (Ayala, 2004).

Entonces, lo importante y, a su vez, complicado es reiterando: ¿cómo plantear el nuevo rumbo del país? Lógicamente es, vamos, imposible conformar una nueva visión de Estado en unos cuantos renglones, pues ello exige, sobre todo, experiencia tanto en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, como en temas económicos, políticos, sociales, culturales etc., para efectos de constituir a una iniciativa de transformación del régimen de Gobierno. Por tanto, aquí sólo se establecerán primicias que, sin duda, la reestructuración del Estado debe llevar tratando de exponer las bases económicas y políticas que marcan el cómo:

• Institucionalización eficiente del Estado que se logrará cuando se tome a éste como una organización endógena al sistema socioeconómico, atribuyéndole un papel central en el rol económico de los individuos porque fija y vigila el cumplimiento de las reglas fundamentales que gobiernan el intercambio: los derechos de propiedad, los contratos, regulaciones como precios, tarifas, leyes antimonopólicas, normas de calidad, sanidad etc. (Ayala, 2004). Unos derechos de propiedad ineficientes elevan los costos de transacción, porque genera incertidumbre, inseguridad e inestabilidad, y en estas condiciones los costos de información, contratación y de negociación se incrementarán, obstaculizando el crecimiento económico (North, 1993).

• Relacionar los aspectos económicos de las instituciones con las características de las estructuras de poder o de los regímenes políticos. Ya basta de modelos que buscan el crecimiento económico por lo económico mismo, olvidándose, o mejor dicho, queriendo olvidar que la económico es parte de un todo social, y en ese todo social también está el aspecto político, y los sistemas de poder y de gobierno, los cuales indiscutiblemente (y México como principal muestra y fundamentación) influyen en el desempeño económico del país (Ortiz, 2010).

• Modificación al sistema de partidos. Es indispensable elevar el grado de institucionalización de partidos políticos vía verdaderos vínculos razonablemente fuertes con intereses organizados de la sociedad logrando una identificación ciudadana con las distintas ideologías. Los sistemas de partidos institucionales tienen más probabilidades de fomentar una mayor coherencia de las políticas en el tiempo y un mayor potencial de acuerdos intertemporales (fundamental para objetivos de largo plazo). Pero para alcanzar lo anterior, es primordial una reforma al Instituto Federal Electoral (como institución) donde se exija identidad partidaria para cada persona que se desee reclutar en el sistema político, ética, y rendición de cuentas clara y eficiente.

• Profesionalización al servidor público. En México, los gobiernos municipales están en el último lugar de confianza en la sociedad (3.5 de cada 10 personas confían en ellos) y esto se debe a que los servidores públicos tienen una lealtad a la persona (presidente) y no una lealtad institucional. Y el problema está en que el órgano fiscalizador (quien debe medir la profesionalización de los servidores públicos) sólo se preocupa en la desviación de recursos, por ello, la profesionalización del gobierno local falla, logrando así la ineficiencia institucional del municipio.

sábado, 8 de enero de 2011

Ley de Fomento al Primer Empleo

Una de las reformas que causó mayor ruido en el año que apenas concluyó fue la aprobación, por parte del Senado de la República de la Ley de Fomento al Primer Empleo, que otorgará beneficios fiscales a los patrones que contraten a los jóvenes en su primer trabajo formal; Creo que es pertinente darle un vistazo a dicha legislación, iniciativa del Sen. Manlio Fabio Beltrones.

En principio de cuentas, es difícil estar en contra de toda reforma, iniciativa, o vamos, de toda legislación que tenga por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional.

Sin embargo, al leer detalladamente esta ley, más que críticas, me surgieron preguntas: El primero es respecto al artículo 4 y 7, donde cuestiono ¿Qué pasa con aquellas empresas que no tienen a ningún trabajador afiliado al IMSS? Si entendí bien la Ley, dichos beneficios sólo se le darán a aquellas firmas que estén plenamente registrados ante hacienda y ante el IMSS, sin embargo, se sabe que una gran parte de las empresas no tienen registrados a sus empleados al IMSS, por tanto, el beneficio que expone la Ley podría no ser tan motivador, pues saldría más costoso para el empresario poner en regla al resto de sus trabajadores.

Creo que sería más productivo que, en lugar de tener como beneficio la reducción de monto de impuestos, se exenten aportaciones al seguro social, ya que por un lado, existen otros medios para el empresario por los cuales podría reducir su pago de impuestos y quizá hasta más atractivos que como lo maneja esta Ley; ejemplo, la reducción de impuestos por re-inversión, o ayuda a políticas sociales etc., y respecto a exención a pagos de IMSS no es así. Y obviamente, ello no significaría agregar más afiliados al IMSS y reducir los ingresos a esta institución, pues de los impuestos que pagará el empresario (ya que no se reducirá su contribución tributaria) el Gobierno le dará al IMSS los pagos correspondientes a los nuevos trabajadores. Posiblemente se complicará la tramitología para el sector público, pero lo veo más atractivo de esta manera para el empresario.

Otro cuestionamiento es, la operacionalización de dicha ley, pues en ésta, sólo en su artículo 9 habla de una obligación por parte del empresario de notificarle a más tardar en el mes de febrero de cada año un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que informe sobre el número de puestos de nueva creación y ocupados por trabajadores de primer empleo, correspondientes al año anterior y respecto de los cuales vaya a aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la Ley en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Entonces al respecto me genera la duda ¿Qué tan práctico o costoso será para el empresario hacer este trámite? ¿En realidad es tan sencillo y por ello la Ley no habla más del tema? A priori considero que no es así, y que para el empresario le generarán por lo menos, y en el mejor de los esenarios, incremento de costo vía remuneración al contador.

Por último, en el transitorio segundo se establece que esta ley sólo tendrá vigencia de 3 años, la pregunta es ¿Por qué? Ya que si se debe a que entrará en una especie de evaluación y con base en ello se determinará si continúa o no, sería excelente. De no ser así, creo conveniente establecer los motivos del por qué de ese plazo.

En conclusión, me parece ambicioso querer acabar con el problema del desempleo en los jóvenes por un decreto de ley, obviamente, éste es un problema estructural, de fondo y no se generan nuevos puestos empresariales sólo por verse beneficiados por exenciones fiscales. Los puestos van en función de estrategias industriales, de mercado interno fuerte, de visión de largo plazo donde entra la certidumbre económica, de aumento de competitividad, de estabilidad monetaria, de oportunidades de negocio, en fin, de muchas otras características.

Por tanto, creo que es una Ley buena (una vez librado de los cuestionamientos) siempre y cuando, no se pierda la visión de que, este tipo de leyes es solamente una pequeña ayuda para combatir el desempleo, y no una solución completa.

jueves, 30 de septiembre de 2010

LA POBREZA y su percepción teórica

Sin fundamento Teórico no hay Política Pública eficiente.

Sin Política Pública, no se elimina la pobreza.

A lo largo de la evolución de la teoría científica social, también ha evolucionado el concepto de “Pobreza”, y antes de personalizar un concepto al respecto, es necesario hacer una síntesis de cómo ha cambiado dicha definición.

Instituciones como PNUD, se han encargado de internacionalizar el concepto de Pobreza, definiéndola como:

“Pobreza absoluta: la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de alimentación básicas. Estas últimas se suelen expresar en términos de requerimientos calóricos mínimos.
Pobreza general o relativa: La falta de ingreso necesario para satisfacer tanto las necesidades alimentarias básicas como las necesidades no alimentarias básicas, tales como vestido, energía y vivienda” (eumed).

Por su parte, el Banco Mundial “calcula líneas de pobreza internacionales de $1 y $2 en términos de la Paridad de Poder de Compra (PPC) donde la PPC mide el poder de compra relativo de las monedas de los países. De esta manera, las líneas de pobreza se expresan en una unidad común para todos los países. Se consideran en pobreza absoluta todas aquellas personas que viven con menos de $1 diario y en pobreza relativa aquellas que viven con menos de $2 diarios” (eumed).

Ahora bien, hoy en día, existe un debate para determinar la mejor forma de medir la pobreza, pues se piensa que el nivel de ingreso no debe ser el indicador principal para medirla. Autores reconocidos en el tema como, Amarty Sen afirma que “no hay una correspondencia estrecha entre 1) la pobreza vista como escasez del ingreso, y 2) la pobreza vista como incapacidad para satisfacer algunas necesidades elementales y esenciales. De manera que la pobreza no debe medirse sólo según el acceso a bienes materiales y sociales. Es necesario que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos eficazmente, que les permita ser libres para procurarse su bienestar”.

Sen afirma que “la conversión del ingreso en capacidades básicas puede variar de manera significativa entre los individuos, ya que está afectada por variables sobre las que una persona puede tener escaso o ningún control, como son la edad, el sexo, la localización y la epidemiología. Por ejemplo, dos individuos, uno joven y el otro anciano, pueden tener el mismo ingreso, pero al segundo se le hace más difícil convertir el ingreso en capacidad y podría requerir más ingreso (para medicinas, prótesis) con el fin de alcanzar los mismos funcionamientos” (eumed).

Entonces, dicho debate llevará, probablemente, a un cambio en la percepción de medición de pobreza, donde la variable principal no sea el nivel de ingreso, sino la capacidad del individuo para vivir el tipo de vida que valora. Aunque a opinión propia, ésta visión complicaría aún más un generalización y aceptación de indicadores y variables para poder medirla objetivamente a nivel mundial.

Para mi, la pobreza es: la falta de capacidad de la persona para satisfacer sus objetivos y metas de vida, lo que lleva a un estado de desánimo, depresión y baja autoestima.

Quizá, el anterior concepto que establecí deje de lado muchos aspectos que para otra persona sea importante agregar. Pero considero que, hoy por hoy, la pobreza no se debe medir sólo con el nivel de ingresos monetarios que se tenga, creo que esto es solamente una consecuencia de la falta de capacidad de una persona para superarse, o en dado caso, de la falta de oportunidades de desarrollo para la persona que el mismo sistema económico y las relaciones sociales de producción han generado. Entonces, la baja remuneración es una consecuencia de, mas no una causa de, por lo que, a opinión propia, no debe ser el punto de referencia y mucho menos, el indicador central de la pobreza.

Como ya mencioné renglones arriba, lo complicado será establecer indicadores objetivos y de aplicación universal para medir esa “falta de capacidad de las personas para satisfacer sus objetivos de vida”. Un buen punto de partida, sería establecer indicadores de acceso a la educación, a la salud, a oportunidades de trabajo, a un hogar con servicios públicos, a lugares de esparcimiento y recreación, a la práctica de creencias religiosas, a bienes y servicios de calidad etc. Los cuales, se supone, ofrecen toda una serie de coyunturas y competencias para tener la capacidad de desarrollo.

Definitivamente, creo que aún faltarán muchos años de debate para que exista una convergencia en el tema, sin embargo, estoy cierto, que el paradigma de medir la pobreza con base en el ingreso monetario, cada día está más lejos y pierde mayor credibilidad; acción que celebro, pues considero que ésta manera de medir la pobreza, carecía de muchas perspectivas y visiones más importantes y más realistas de la pobreza como tal.

Termino con lo siguiente: Dos personas que tienen el mismo ingreso monetario, no tendrán el mismo nivel de pobreza, pues seguramente, las capacidades de satisfacer sus objetivos serán distintas, e inclusive, los propios objetivos serán distintos, por lo que la forma de vivir entre ellos, también será diferente.